COMUNICADO DE ANDALUCIA LAICA (6.10.06)
COMUNICADO DE ANDALUCIA LAICA CONTRA EL
ACUERDO DE FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA
El reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal (CEIC) sobre la financiación de la Iglesia Católica, cuyo texto permanece inédito hasta día de hoy, ha sido considerado por ambas partes como un "buen acuerdo". En su entusiasmo, el negociador de la CEIC ha indicado que el acuerdo "es bueno para todo el mundo". Comprendemos la alegría de la jerarquía eclesial, pues mediante este acuerdo no sólo se prorroga el mecanismo de financiación a través del IRPF, sino que aumenta en un 34% el porcentaje de la declaración que se detraerá de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el mantenimiento del culto y clero.
El Gobierno y la CEIC pretenden convencernos de que la "aportación voluntaria" en el IRPF no supone ninguna discriminación, pero no puede calificarse así a un mecanismo mediante el cual algunos contribuyentes privilegiados ordenan al Estado que detraiga de sus impuestos una cantidad para financiar su organización religiosa favorita, sin pagar ni un euro más, mientras que los impuestos de quienes rechazan las directrices de la jerarquía católica van íntegros al fondo común de los PGE. No puede calificarse de "aportación" lo que es de hecho una reducción de impuestos, ni "voluntaria", cuando sólo a unos cuantos se les ofrece una alternativa concreta a su medida. Quienes marcan la casilla de la jerarquía católica cometen de hecho un delito moral de evasión fiscal amparados por una ley injusta.
Además, carece de justificación que un Estado, presuntamente laico, continúe ejerciendo de "brazo fiscal" de la CEIC, o de cualquier otra organización confesional, dedicando los medios y personal de la Agencia Tributaria a pasar el "cepillo" para la iglesia mediante la casilla del IRPF. El Estado continua así manteniendo a una jerarquía eclesiástica que no ha mostrado capacidad o disposición para cumplir su compromiso de autofinanciación acordado en la reforma de 1979 del Concordato Vaticano-España, es decir, hace casi 30 años.
Sólo estamos de acuerdo con la jerarquía eclesial en que lo recaudado mediante el IRPF, unos 150 millones de euros, es una pequeña fracción de su presupuesto, y una muy pequeña fracción de lo que el Estado, en todos sus niveles, central, autonómico y municipal, dedica a la promoción del catolicismo. Sólo en sueldos para los cerca de 33.500 catequistas que imparten doctrina en los colegios públicos, el Estado dedica unos 600 millones de euros/año, mientras que unos 750 millones de euros nunca llegan a las arcas públicas gracias a las exenciones fiscales de los que disfrutan el patrimonio inmobiliario y las actividades de la iglesia. A esto hay que añadir la financiación de la enseñanza confesional ( 3.200 millones de euros), y numerosas 'ONG´s' de obediencia católica, así como la contratación de capellanes para hospitales, cárceles y ejército, las cesiones municipales de suelo, el mantenimiento de templos, etc., sumando un total estimado en más de 5.000 millones de euros/año.
Andalucía Laica se opone a un acuerdo que atenta contra la laicidad del Estado y que además se añade a otras medidas discriminatorias tomadas por el gobierno a favor de otras confesiones religiosas, afianzando de esta manera lo que sólo puede denominarse como "Estado multiconfesional", absolutamente contrario a la Constitución, así como a los compromisos internacionales de respeto a la libertad de conciencia adquiridos por nuestro país.
El Gobierno y la CEIC pretenden convencernos de que la "aportación voluntaria" en el IRPF no supone ninguna discriminación, pero no puede calificarse así a un mecanismo mediante el cual algunos contribuyentes privilegiados ordenan al Estado que detraiga de sus impuestos una cantidad para financiar su organización religiosa favorita, sin pagar ni un euro más, mientras que los impuestos de quienes rechazan las directrices de la jerarquía católica van íntegros al fondo común de los PGE. No puede calificarse de "aportación" lo que es de hecho una reducción de impuestos, ni "voluntaria", cuando sólo a unos cuantos se les ofrece una alternativa concreta a su medida. Quienes marcan la casilla de la jerarquía católica cometen de hecho un delito moral de evasión fiscal amparados por una ley injusta.
Además, carece de justificación que un Estado, presuntamente laico, continúe ejerciendo de "brazo fiscal" de la CEIC, o de cualquier otra organización confesional, dedicando los medios y personal de la Agencia Tributaria a pasar el "cepillo" para la iglesia mediante la casilla del IRPF. El Estado continua así manteniendo a una jerarquía eclesiástica que no ha mostrado capacidad o disposición para cumplir su compromiso de autofinanciación acordado en la reforma de 1979 del Concordato Vaticano-España, es decir, hace casi 30 años.
Sólo estamos de acuerdo con la jerarquía eclesial en que lo recaudado mediante el IRPF, unos 150 millones de euros, es una pequeña fracción de su presupuesto, y una muy pequeña fracción de lo que el Estado, en todos sus niveles, central, autonómico y municipal, dedica a la promoción del catolicismo. Sólo en sueldos para los cerca de 33.500 catequistas que imparten doctrina en los colegios públicos, el Estado dedica unos 600 millones de euros/año, mientras que unos 750 millones de euros nunca llegan a las arcas públicas gracias a las exenciones fiscales de los que disfrutan el patrimonio inmobiliario y las actividades de la iglesia. A esto hay que añadir la financiación de la enseñanza confesional ( 3.200 millones de euros), y numerosas 'ONG´s' de obediencia católica, así como la contratación de capellanes para hospitales, cárceles y ejército, las cesiones municipales de suelo, el mantenimiento de templos, etc., sumando un total estimado en más de 5.000 millones de euros/año.
Andalucía Laica se opone a un acuerdo que atenta contra la laicidad del Estado y que además se añade a otras medidas discriminatorias tomadas por el gobierno a favor de otras confesiones religiosas, afianzando de esta manera lo que sólo puede denominarse como "Estado multiconfesional", absolutamente contrario a la Constitución, así como a los compromisos internacionales de respeto a la libertad de conciencia adquiridos por nuestro país.
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carmen -